Indianápolis (EE.UU.), 15 jun (EFE).- La gimnasta Simone Biles, la más galardonada de Estados Unidos y el mundo en su modalidad, se encuentra entre las deportistas que este lunes presentaron una demanda formal contra el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, en inglés) por abuso sexual.
Biles, que espera competir de nuevo en las olimpíadas de Tokio 2020, inscribió su nombre por primera vez en una demanda que le obligará a presentarse ante los tribunales de justicia.
Abogados de deportistas olímpicos como Biles, Madison Kocian, Aly Raisman, McKayla Maroney, Kyla Ross, Jordyn Wieber y Jamie Dantzscher, junto con otras 140 víctimas de agresión sexual del deshonrado médico del equipo nacional estadounidense Larry Nassar, presentaron una moción para solicitar el testimonio de directivos olímpicos actuales y anteriores.
En enero de 2018 Biles hizo su primera declaración en Twitter que revelaba que Nassar la había agredido sexualmente mientras estaba en campos de entrenamiento y competencias para el Equipo de EE.UU., cerca de Houston, donde reside la deportista.
La presentación judicial del lunes marca la primera vez que se identificó públicamente como demandante en la acción civil en curso, lo que la coloca en la posición única de demandar a las mismas entidades que sancionan su deporte.
La moción presentada en la corte federal de bancarrota en Indianápolis busca el testimonio de, entre otros, Susanne Lyons, la actual presidenta de la USOPC; Scott Blackmun, exCEO de la organización, y Alan Ashley, el exjefe de rendimiento deportivo.
En febrero pasado los abogados que representan al organismo rector del deporte, USA Gymnastics (USAG), propusieron una oferta de solución de 215 millones de dólares en el caso de bancarrota federal.
Esa oferta, desde que fue rechazada por los más de 140 sobrevivientes de Nassar, estaba supeditada a que esos sobrevivientes libraran al USOPC de que se le hiciera cualquier reclamo actual o futuro.
Tal liberación significaría no solo que el USOPC no sería responsable financieramente de compensar a los sobrevivientes de Nassar, sino también que los directivos actuales y anteriores dentro de la organización no tendrían que ofrecer testimonio en forma de declaraciones judiciales.
“La intención es proteger a los sobrevivientes, para que ante la justicia y el público se conozca la verdad de lo que el USOPC sabía sobre el abuso sexual de sus atletas”, reclama la documentación oficial dado a conocer este lunes en la corte.
En una audiencia telefónica la semana pasada, Robyn L. Moberly, juez principal del Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos en el Distrito Sur de Indiana, dijo que sería un beneficio “enorme” para el USOPC si una propuesta de acuerdo de solución liberara a la organización de cualquier legalidad.
El informe fue publicado por primera vez en el Orange County Register.
Según una investigación realizada en nombre del entonces USOC (la organización ha sido renombrada para incluir atletas paralímpicos) por la firma de abogados Ropes & Gray, con sede en Boston, tanto Blackmun como Ashley fueron informados sobre las agresiones sexuales de Nassar contra gimnastas del equipo nacional de Estados Unidos en julio del 2015 por el exCEO de USAG, Steve Penny.
Nassar, que ya ha sido condenado por sus crímenes y cumple condena de 175 años en prisión, renunció como coordinador médico nacional de USAG en septiembre del 2015, pero continuó tratando a los pacientes en su papel de médico osteopático en la Universidad Estatal de Michigan hasta septiembre del 2016.
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