“This is África”. Con esa ambigua y recurrente frase resumía hace algún tiempo un ‘oficial’ de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) el interminable conflicto que mantiene el COMESA (Comité Africano para la Libre Competencia) con Lagardère Sports y la propia CAF por la revisión de los contratos de derechos de televisión y patrocinio concedidos ‘a dedo’ por el anterior presidente del ente rector del balompié del continente negro, Issa Hayatou, a la citada compañía francesa hasta el año 2036.
Resulta paradójico que la misma espoleta que hizo saltar por los aires hace un par de años la dictadura de casi tres décadas del legendario (y corrupto) dirigente camerunés al frente del fútbol africano, se encuentre todavía en fase retardada con la aquiescencia de su sucesor, el malgache Ahmad Ahmad.
El nuevo inquilino del despacho presidencial en El Cairo, cuyo breve reinado (fue elegido en marzo de 2017) se tambalea a causa de las acusaciones de corrupción y abuso sexual a varias empleadas de la organización que preside, reveladas a la FIFA por su propio secretario general, el egipcio Amr Fahmy (a quien destituyó de manera fulminante), no ha cumplido una sola de las promesas que hizo durante su campaña electoral, en la que afirmó por activa y por pasiva que pondría fin a la posición privilegiada de Lagardère y su socio, BeIN Sports, si lograba mover de su sillón al sátrapa camerunés.
Nada más lejos de la realidad, para desgracia de las 24 selecciones que el próximo día 21 empezarán a jugarse la Copa de África a pocos kilómetros de la sede central de la CAF. Ahmad no sólo no ha sacado del plano a la multinacional audiovisual francesa, invalidando los contratos firmados ilícitamente con su antecesor, sino que ha dilatado conscientemente las negociaciones para revisarlos y actualizar el montante económico que deberán percibir los equipos participantes en el torneo continental, al haber pasado éstos de 16 a los 24 de la presente edición.
De poco o nada ha servido el llamado Comité Estratégico que el ex presidente de la Federación de Madagascar creó al poco de tomar mando en plaza con la intención de revisar y renegociar los contratos y atender las demandas del canal egipcio que se vio perjudicado directamente por la concesión fraudulenta de los derechos de retransmisión de las competiciones continentales a Lagardère.
Sus tres miembros, el congoleño Costantine Amari, el marroquí Fouzi Lekjaa y el egipcio Hany Abo Rida, a la sazón su núcleo duro, se han dedicado a dar largas a todos los actores implicados en el conflicto en las reuniones mantenidas en Casablanca, París, Dakar y Rabat. La comisión de negociación ha hecho caso omiso sistemáticamente a las propuestas presentadas tras dichos cónclaves por los egipcios y el COMESA para tratar de destrabar el problema y hacer un reparto equitativo de la tarta televisiva.
Mientras tanto, el controvertido Ahmad se ha dedicado ha estrechar lazos con Lagardère y su director general en África, Idriss Akki, con quien incluso acaba de realizar la Omra (peregrinación a la Mecca), en un viaje cuyos gastos, se sospecha, han corrido a cargo de la entidad que preside el dirigente malgache.
El alargamiento injustificado del conflicto audiovisual va a afectar indefectiblemente a la inminente Copa de África (CAN), que se celebrará del 21 de junio al 19 de julio en Egipto. Los países participantes en el evento deportivo más relevante del continente negro confiaban en que la cuestión de determinar el valor financiero real de la CAN se resolvería una vez aumentado el número de selecciones de 16 a 24, es decir, de 32 a 52 partidos. Pero esa sospechosa complicidad entre la CAF y Lagardère se ha empecinado en no sacarlo adelante, con el consiguiente perjuicio económico para los protagonistas.
Los derechos del torneo, valorados en 55 millones de dólares (de los cuales 40 millones corresponden únicamente a derechos de televisión), no se han modificado, aunque el artículo 9.5 del contrato de la CAF con Lagardère ofrece la posibilidad de subir el valor monetario después de aumentar el número de equipos. Sin embargo, la compañía gala ignora dicha cláusula, en tanto que a Ahmad tampoco le importa demasiado que se aplique, como es menester.
Se estima que el valor real de los derechos audiovisuales de Egipto 2019 alcanzará los 100 millones de dólares, toda vez que se ha aumentado el número de partidos y también por el hecho de haber trasladado la competición de invierno a verano, agregándola así un valor de marketing adicional, puesto que ya no coincidirá con los campeonatos domésticos europeos.
En este sentido, merece la pena reseñar que Egipto es de largo la nación más afectada por la falta de acción de la CAF. Su participación fija en los ingresos del torneo asciende al 20% del total del pastel. En otras palabras, que si no se corrige el actual contrato, los ‘Faraones’ percibirán 10 millones de dólares, en lugar de los 20 ‘kilos’ que obtendría si Ahmad cogiera el toro por los cuernos y actuara con honestidad y pensando en el bien común.